En la Confederación Nacional Campesina lamentamos, en la víspera del 133 aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, el abandono en que se encuentran casi 30 mil ejidos en todo el país, que representan el 50 por ciento del territorio nacional.
El ejido, presente en más de 105 millones de hectáreas es un “fantasma” y que los ejidatarios viven en una especie de limbo, porque durante los casi 12 años de régimen panista no se les da crédito ni asistencia técnica organizada ni le llega la tecnología ni se le ofrecen programas de infraestructura.
Durante una reunión en la que se recordó a Emiliano Zapata, tuve la oportunidad de expresar mi sentir y expuse que su lucha e ideales de Zapata siguen vigentes, debido a que el campo mexicano sufre una de las peores crisis de su historia.
Veo a un sector rural sumido en la pobreza, con pocas oportunidades para los jóvenes; un campo sin posibilidades de crecimiento y desarrollo por la falta de créditos y la descapitalización e invadido por compañías trasnacionales.
México es un país que surgió de una reforma agraria que tiene ahora la responsabilidad de organizar a los ejidos minifundistas, que son los únicos que pueden garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.
Desde 1992 en que se autorizó al ejidatario a vender su parcela solamente el 4 por ciento de las tierras ejidales se ha privatizado, y de ellas, sólo aquellas que tienen una posibilidad urbana o turística.
Lo que sí se ha dado son los robos a ejidatarios desde Baja California hasta Quintana Roo, pues durante las dos administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) se han multiplicado los despojos de tierras, sobre todo las que se encuentran en litorales y las que tienen que ver con minas para extraer recursos naturales.
Las empresas foráneas se apoderan cada vez más de porciones del territorio mexicano y el robo de las playas mexicanas se ha acentuado desde que la derecha llegó al poder, de lo cual es prueba el estado de Baja California donde los auténticos dueños de las zonas costeras, pescadores y ejidatarios, tienen prohibido hasta de caminar sobre su propia tierra, debido a que mediante argucias jurídicas la propiedad ha pasado a manos extranjeras, cuando la Constitución establece claramente que eso no puede ser a lo largo de los 100 kilómetros fronterizos y los 50 kilómetros cercanos al mar.
Pero no sólo ahí, el fenómeno se da también en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Colima, Nayarit, Guerrero, Chiapas y otros estados dónde existen empresas extranjeras que se roban hasta la arena de México.
En Cancún, en Baja California Sur, en el Mar de Cortés, Bahía de Kino, la zona Punta Diamante de Acapulco, Nuevo Vallarta, Playa del Carmen, Playa Marlín, playa El Caimancito, Chacala, Barra de Navidad, La Riviera Maya y otras muchas más localidades se han dado similares despojos de playas a campesinos.
Me pronuncio por apoyar a los ejidos y comunidades y por frenar a empresas, principalmente canadienses y españolas, que se han dedicado en los últimos años a despojar de sus minas de oro y plata a los ejidatarios, a través de supuestos contratos avalados por la administración federal panista que ningún beneficio dejan a los campesinos del país.
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