Mis acciones

Actividades Legislativas



Introducción.


 En ese este informe abarca el primer año de ejercicio de la LXI Legislatura que comprende  del 1° de septiembre del 2009 al mes de abril  del 2011, incorporamos, de manera muy sucinta el trabajo  desarrollado por el Grupo Parlamentario del PRI, así como el sentido republicano  de las propuestas, sean estas Iniciativas de Ley o Puntos de Acuerdo. En el capítulo I se aborda este tema.

En cuanto a nuestro trabajo legislativo como Diputado Federal, durante este periodo se presentaron 8 iniciativas de ley,  23 puntos de acuerdo, una reserva al dictamen del PEF para el 2011 y una excitativa.

Por lo que se refiere a las iniciativas,  3 se presentaron en le primer periodo ordinario (sep- dic. del 2009) y  4 en el segundo periodo ordinario (feb.-abril del 2010)  del primer año de ejercicio. Una en el segundo periodo ordinario (feb.-abril del 2011) del segundo año de ejercicio.

En puntos de acuerdo, 11 fueron en el primer periodo ordinario,  10 en segundo periodo del primer año de ejercicio y dos en el primer periodo del segundo año de ejercicio.

De las 8 iniciativas presentadas, 3 de ellas son como proponente y las 5 restantes como suscrito.

En el capítulo II,  se muestra el número de estas propuestas, así como su contenido de manera sinóptica y por temas.

En el capítulo III, se analizan las propuestas legislativas, es decir de puntos de acuerdo e iniciativas,  la intención de cada una de ellas, su contenido y  alcances. Lo mismo hacemos con la excitativa. Todas las propuestas contemplan un sentido social y económico, pero básicamente se inscribe en promover un cambio estructural en el modelo de desarrollo.

En el capítulo IV, se destaca el trabajo en Comisiones, es decir las labores desarrolladas al interior de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Social  principalmente. Destacan también las reuniones de de trabajo con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, el Derecho de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, dando continuidad al trabajo tanto en la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Ejecutivo Federal, incluyendo la Secretaría de Gobernación (SG), de Trabajo y Previsión Social (STPS), de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), Economía (SE), entre otras.


Capítulo I. Trabajo Legislativo del Grupo Parlamentario del PRI.

Recuerdo al Jesús Reyes que expresaba en alguna reunión con legisladores “se debe legislar para que se cumplan las leyes, no simple y sencillamente maratones legislativos”.

Esta opinión es importante porque no se trata de legislar por legislar. Si así fuera la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del PRI sería por mucho el más productivo. En este periodo que nos ocupa se presentaron, por ejemplo 738 iniciativas del Ley y mas de mil 500 puntos de acuerdo. Si este fuera el caso nuestra productividad pércapita sería la más alta y de hecho lo es.

Empero para nuestro Grupo Parlamentario más que la cantidad, lo verdaderamente importante es que a través de la actividad legislativa sembremos algo para el futuro.
No obstante, somos conscientes que  la falta de resultados del gobierno federal que no ha podido ser eficaz, los legisladores del PRI hemos impulsado una serie de reformas y de propuestas legislativas que buscan resolver esos problemas, que más preocupan a la sociedad.
Impulsamos, por ejemplo, acciones para evitar abusos y arbitrariedades contra la población que no puede defenderse individualmente; para proteger los datos personales privados; para consolidar una economía de libre mercado más justa y equitativa, al combatir a los monopolios; para buscar que no haya abusos en el cobro de comisiones y tasas de interés de los bancos; para impulsar el crédito productivo; para fortalecer las cadenas productivas rurales; para conformar un sistema presupuestario más eficiente y responsable, con mayor transparencia y rendición de cuentas, que sea  una herramienta eficaz para promover el crecimiento económico y el desarrollo.
También impulsamos avances en el proceso para revisar, evaluar y eliminar privilegios fiscales  que solo benefician a unos cuantos, en detrimento de las finanzas nacionales; para fortalecer y hacer más efectiva la evaluación de los programas sociales y combatir su uso electoral; para atender y prevenir el problema de la obesidad en los niños; y para hacer más eficiente la labor del Congreso y fortalecer los contrapesos democráticos; entre otros aspectos que sabemos son fundamentales para avanzar en la construcción de una Nación más justa y más desarrollada. 
Esta es solo una muestra del trabajo visionario, propositivo y responsable que el Grupo Parlamentario del PRI viene desarrollando en la LXI Legislatura.

Capítulo II. Numeralia.

En este primer año de ejercicio de la Cámara de Diputados que abarca su primer periodo ordinario de sesiones del 1° de septiembre al 15 de diciembre del 2009; Y  el segundo del 1° de febrero al 30 de abril del 2010,  se participo en un total de 28 propuestas legislativas,  de las cuales 7 son Iniciativas de ley y 20 puntos de acuerdo y una excitativa. Adicionalmente, en el primer periodo del segundo año de ejercicio (Sep.- Dic- 2010) se presentó un punto de acuerdo, así como la reserva del Artículo 37  del anexo 8 del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 (PEF-2011). En el segundo periodo del segundo año de ejercicio (Feb.-abril 2011) se presentó un punto de acuerdo y una iniciativa.


1). Iniciativas.

Durante el primer año de ejercicio legislativo  presenté dos iniciativas de Ley. Una que reforma la Ley de Entidades Paraestatales;  Otra que reforma la Ley General de Desarrollo Social. En el segundo año se presento la Iniciativa que modifica el PEF-2011, para crear un Fondo Especial por 15 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas acaecidas del 2 al 4 de febrero del 2011 en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila,  Chihuahua, Durango, y Nuevo León.

Iniciativas suscritas fueron las siguientes: la que expide la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia; Que reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable; Dos  que reforman la Constitución General de la República, una de ellas relacionada con el COFIPE y que expide la Ley de los Partidos Políticos y otra que reforma Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

De lo anterior podemos señalar que de las iniciativas propuestas, uno se orienta a modificar la política de desarrollo social; la otra tiene que ver en  acotar las decisiones del Ejecutivo Federal en materia de extinción de paraestatales y organismos públicos descentralizados y una mas que sienta un precedente en materia presupuestal, toda vez que esta iniciativa es un proyecto que crea un fondo para atender contingencias, señalando la fuentes de recursos al Ejecutivo Federal para conformarlo.

Las otras abordan normas jurídicas cuyo objetivo es abonar al combate a la delincuencia;   En materias electoral; Desarrollo de la pesca y acuacultura de manera sustentable;  Y un tema importante que tiene que ver con la Ley organismos genéticamente modificados.

En cuanto a los Puntos de Acuerdo, de los 14 de mi autoría, 2 se refieren a  la Licitación de Etanol por parte de PEMEX ( ambos fueron aprobados); los que siguen son el exhorto al Senado de la República, para que  dictamine la minuta que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; La viabilidad de iniciar una controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad,   en relación con el Decreto de Extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (aprobado);  Recursos destinados al desarrollo y combate a la pobreza de las Juntas de Pobladores (aprobado); El pago inmediato, por parte del Ejecutivo,  a los productores  beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (FOFAE) (aprobado); Para que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, de prioridad a los productores rurales y campesinos de nuestro País en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos; La creación de una Comisión Especial que investigue el presunto fraude en Guanajuato en la compra de terrenos para la construcción de la refinería; Comparecencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social en relación a la pérdida de empleos;  Solicitud a la Cámara de Diputados para crear un Fondo de Emergencia Económica Multianual, conformado por los montos subejercidos de los fideicomisos entre otros organismos; Se reinstale la Mesa de Diálogo de la H. Cámara de Diputados con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, el Derecho de los Trabajadores y las Libertades Democráticas (aprobado); Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT y al director general del AICM a restituir a los miembros de Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, AC, los espacios de trabajo y los derechos, y a cesar las hostilidades contra ellos;   Punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se conforme el Consejo Regulador de la Cadena Maíz-Tortilla Tradicional de Nixtamal.

Los puntos de Acuerdo suscritos, abordan diferentes temas, entre estos, el que crea la Comisión Especial de la Industria Automotriz; Exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  y al titular de SAGARPA  para  que en el diseño del PROCAMPO se consideren estrategias en materia de asistencia técnica, y capacitación a los beneficiarios; Exhorto para revisar las Reglas de Operación del PEC al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; Apoyo a exbraceros para que se cumpla con ese apoyo social, como lo establece la Ley que crea le Fideicomiso para los Extrabajadores Migratorios; Para crear el Fondo de Emergencia en Apoyo a los Defraudados de la Empresa SITMA; Para que el INEGI incorpore una cédula adicional sobre salud de los mexicanos, en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2010; Exhorto a SAGARPA, SEMARNAT y CNA para revisar  y complementar el Sistema Nacional de Estaciones Meteorológicas  de México; Exhorto a la SRA, en coordinación con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural, elabore los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunales.

Excitativa a las comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictamen la iniciativa  por la que se expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

III. Contenido de las propuestas legislativas.


Las iniciativas como proponente son las siguientes:

1). Iiniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15, último párrafo de la fracción IX, y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, adicionando un párrafo.

Esta propuesta tiene como objetivo modificar la Ley de Entidades Paraestatales, acotar las facultades discrecionales del Ejecutivo Federal en la extinción o liquidación de entidades paraestatales. Cada uno de los organismo descentralizados de la Administración Pública Federal que lo conforman, de acuerdo al artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, todos tienen su razón de ser.
Lo sucedido con la Compañía Luz y Fuerza del Centro sólo se puede entender como un acto unilateral, que deja en claro de que tamaño y peligroso es que se concentre tanto poder alrededor del presidente de la República. Si bien la reforma propuesta a los artículos 15, último párrafo de la fracción IX, y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP), no significan grandes cambios para avanzar en la reforma del Estado, si alerta sobre la necesidad de esta reforma, porque pone en peligro y serio riesgo el sector paraestatal de nuestro país con decisiones unilaterales. De ahí la importancia de esta propuesta de Iniciativa. Aquí se establece la obligación por ley, que para cualquier extinción y liquidación de un organismo paraestatal de la Administración Pública Federal deberá hacerse del conocimiento a la honorable Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, en periodos de receso del Congreso de la Unión.

2). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 72, 75, 81, 82 y 84 de la Ley General de Desarrollo Social, cuyo objetivo es darle mayores facultades al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para emitir propuestas que reorienten y replanteen la política de desarrollo social del país.
Uno de los grandes retos de la política económica y social en México es superar la desigualdad, el rezago y la pobreza en que viven millones de mexicanos. A 200 años en que se inició la lucha de Independencia de México y 100 años de la Revolución Mexicana, éste sigue siendo un pendiente muy grande que, lejos de atenuarlo, ya amenaza con desbordarse.
Esta iniciativa que se inscribe dentro de esta preocupación. En este sentido, la reforma que se propone a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) busca aportar elementos para reorientar y replantear la política social, a partir del fortalecimiento de instituciones que han probado ser básicas para entender la realidad nacional y, al mismo tiempo, se les den nuevas atribuciones y plena autonomía para convertirse en verdaderos instrumentos o herramientas, que coadyuven a darle un mejor impulso a la política de desarrollo social.
El Coneval es, hasta ahora, de las pocas instituciones del gobierno federal que no sólo ha elaborado indicadores que muestran la dramática situación en que se encuentra el país y las entidades federativas en materia de pobreza, alimentaria, patrimonial y de capacidades, sino que su aportación para entender esta realidad y corregir esta política es fundamental.  
Replantear la política social, a partir del fortalecimiento de instituciones como el Coneval, dándole plena autonomía para que sus tareas  vayan mucho más allá de la descripción de indicadores sociales, es convertirlo en un instrumento de política social que proponga y sume esfuerzos, talento e imaginación que coadyuve a superar el rezago, la desigualdad y pobreza en que viven millones de familias mexicanas.
3). Iniciativa  con Proyecto de decreto que modifica el PEF-2011, para crear un Fondo Especial por 15 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas acaecidas del 2 al 4 de febrero del 2011 en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila,  Chihuahua, Durango, y Nuevo León.

El contenido de esta propuesta se refiere a los daños ocasionados por las recientes heladas en el norte del país registradas los días 2, 3 y 4 de febrero del 2011.  Por sus dimensiones, por el tamaño de las pérdidas de las cosechas y los daños patrimoniales, y por el tiempo estimado de recuperación, deben ser calificados y atendidos como una tragedia nacional.
La mayor afectación se registró en el norte del país, particularmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León, afectando drásticamente la agricultura, tanto la de riego, como la de temporal, la ganadería, la pesca ribereña y otras actividades económicas del sector. Siendo estos estados los principales productores agropecuarios del país, los daños son cuantiosos, y su repercusión nacional es real, al grado de poner en riesgo la alimentación de los mexicanos si no se atiende con urgencia esta contingencia.
La pasada tormenta invernal del 2010 fue la peor de los últimos 50 años, afectando el ciclo agrícola otoño-invierno; siendo éste el de mayor productividad. En estas entidades las pérdidas ocasionadas por el fenómeno meteorológico han sido muy graves, lo que representa una reducción del inventario agroalimentario y un desabasto muy importante, sobre todo de maíz blanco, insumo utilizado principalmente en la producción de tortillas, alimento básico del pueblo mexicano, lo que generará una alza en los precios de los productos, poniendo en serio riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad social.
La situación en la que se encuentran los estados afectados por las contingencias climatológicas, es verdaderamente alarmante, debido a la gran pérdida patrimonial, así como de la producción, lo que va a generar una carestía de alimentos, que representa un serio problema de abasto, que si no es atendido de inmediato afectará gravemente a la población, particularmente a los más pobres, ampliando el número de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza alimentaria. Por lo tanto, se requiere reactivar urgentemente la planta productiva en esas entidades, con la finalidad de recuperar las fuentes de empleo que se han perdido por este fenómeno meteorológico.
Los resolutivos de éste Proyecto de Decreto son:
Primero. El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrará un fondo especial de recursos económicos por quince mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.
Estos recursos se aplicarán de manera proporcional a las entidades señaladas, tomando en consideración los daños y pérdidas ocasionados y de conformidad con los lineamientos de operación que sobre el particular se expidan.
Segundo. Para la integración de este fondo, se considerarán entre otros los recursos de los excedentes, que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos 2011, de acuerdo con lo que establece el artículo 19, fracción I, y el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como con la reorientación del Programa Especial Concurrente del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.
Tercero. Esta soberanía coadyuvará de manera permanente con el Ejecutivo federal en la negociación para la integración del fondo y en la ejecución de este decreto.

Las iniciativas de ley que suscribimos y que forman parte del apoyo a compañeros diputados  que así lo solicitaron son las siguientes:

1). la iniciativa con proyecto de decreto que expide de la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia.
Con esta iniciativa se propone  contribuir a la rectoría del Estado en la reducción de la violencia, la victimización y la delincuencia a través de un cambio sustancial en la forma de prevención y que ayudaría al Estado mexicano a enfocar los esfuerzos institucionales hacia la consecución de por lo menos 5 puntos:
1. Abordar los factores de riesgo.
2. Disminuir los factores situacionales que favorecen la delincuencia.
3. Reorientar los esfuerzos institucionales a la solución de problemas con base en información y análisis.
4. El trabajo conjunto y coordinado de múltiples actores para abordar los factores de riesgo, y
5. El compromiso ciudadano como un factor fundamental.



2). iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral XV del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La iniciativa tiene como propósito el establecimiento de un programa multianual de apoyos directos a la pesca y la acuacultura (Propesca), similar al Procampo para los campesinos y Progan para los ganaderos, como apoyo de la productividad de los acuicultores y pescadores ribereños, de alta mar y de aguas continentales que, en términos de justicia social, moral y política que bien lo merecen, contribuya a abatir los rezagos en que se encuentra la pesca desde hace años en el país.

3). Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, III, y IV del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este proyecto de reforma propone  que todos aquellos mexicanos que presten voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero, pueden hacerlo sin contar con el permiso de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; lo mismo para   usar condecoraciones extranjeras. Establece también que los servidores público que estén en funciones, no podrán portar ni usar condecoraciones que le hayan sido otorgadas por gobierno extranjero.
4).  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expide la ley Federal de Partidos Políticos y se derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La presente reforma constitucional y legal  entre otros  objetivos, pretende dar un ordenamiento autónomo a los partidos políticos reconociendo su carácter asociativo; fortalecer sus vínculos con la sociedad; otorgar las bases para su debido funcionamiento democrático, con pleno respeto al marco constitucional en la materia; establecer los requisitos para su constitución y registro; sus derechos y obligaciones, así como regular los derechos de asociación y afiliación en materia política electoral.

5). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para crear el Título IX Del régimen de protección especial para el maíz y de organismo genéticamente modificables.
El objeto de la  iniciativa es crear el Título de Régimen de la Ingeniería Genética y Protección Especial del Maíz en la Ley de Bioseguridad, el cual contendrá las disposiciones jurídicas relativas con la bioseguridad que conformen el Régimen de Protección Especial del Maíz, necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación al ambiente del maíz y otros granos como de organismos genéticamente modificados. Se requieren disposiciones específicas para la regulación de la liberación al ambiente de cualquier tipo de grano y maíz como de organismos genéticamente modificados a través de la ingeniería genética, por lo que es inevitable establecer de manera precisa las acciones específicas y concretas bajo las cuales se llevará a cabo la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificado para la protección de dichos recursos biológicos, sus razas y variedades, así como sus parientes silvestres.
De los puntos de acuerdo,  14 son como proponente y 8 suscritos.

Como proponente fueron las siguientes:

1). Por el que se exhorta al Senado de la República, dictamine la minuta que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
El exhorto a que se dictamine esta minuta significa contar con una herramienta legal que permita replantear los temas del campo mexicano a partir de la creación de nuevos instrumentos institucionales para darle certidumbre al desarrollo del sector rural de nuestro país. Al mismo tiempo se exige la revisión de convenios comerciales internacionales como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE) con la finalidad de que haya una mayor protección para nuestro país, toda vez que los subsidios indiscriminados a la agricultura por parte de nuestros socios comerciales constituye, en la práctica, una competencia abusiva y desleal en contra de los productores rurales y campesinos mexicanos.

2). Exhorta al Senado de la República, integre la conferencia de Comisiones para concluir la minuta que expide la Ley de Planeación para la Soberanía Agroalimentaria y Nutricional.

Esta propuesta busca contribuir a dictaminar la minuta que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional,  por ello establecea integrar la Conferencia de Comisiones de ambas Cámaras, ya que la minuta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de marzo del 2006, y turnada para dictamen a la  colegisladora en la misma fecha. Han pasado ya más de 4 años y no se ha cumplido con este trámite legislativo.

3). Por la que se solicita al Pleno de la H. Cámara de Diputados la conformación de un Grupo de Trabajo Plural, con la asistencia de la Dirección Jurídica, a fin de analizar, estudiar, proponer al Pleno la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, según corresponda,  en relación con el Decreto de Extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro.
Como se establece en este punto de acuerdo, estoy convencido de que con la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro se violo la Constitución General de la República y vulneró el derecho de los trabajadores. Por ello creemos que el gobierno, con este hecho asume una actitud  ligera, por decirlo menos en una institución a la cual le debe mucho el sindicalismo mexicano y la propia formación de la república, en la era moderna.
 En este sentido, surgen muchas dudas jurídicas en torno a la extinción de CL y FC, por ejemplo:
1) Primero se toman las instalaciones, violando las garantías individuales y el espacio de los centros de trabajo.
2) Después de la toma de las instalaciones por la PFP, se pública el decreto de extinción del organismo descentralizado. Lo correcto debió haber sido primero el decreto y después los actos de la PFP.
3) En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2009 aparece presupuestado para CL y FC un monto de 35 mil millones de pesos. Es decir, se le presupuestó para este año, lo cual significa que la Cámara de Diputados deberá tomar parte en la decisión del destino de la CL y FC, ya que es, de acuerdo al artículo 74, fracción IV, de la Constitución General de la República, la que aprueba el PEF, de tal suerte que el gobierno no puede hacer uso de los recursos de manera discrecional, es decir, no puede disponer de cuantiosos recursos para extinguir un organismos descentralizado, si antes el monto no es aprobado por la Cámara de Diputados.
Estas y otras razones son las que obligaron a presentar esta propuesta, con la idea de que un grupo de trabajo de compañeros diputados y diputadas, junto con el área jurídica, se abocaran  a realizar un análisis minucioso de este acontecimiento que presenta aristas y puntos de vista controvertidos. La finalidad es que sea la Corte la que determine si o no a lugar en la extinción de ésta paraestatal.

El punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 14 de octubre del 2009 y la mesa se instaló el 19 del mismo mes y año, de la cual formé parte.

4). Para que en Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2010, se consideren recursos destinados al desarrollo y combate a la pobreza de las Juntas de Pobladores.

Esta propuesta contempla que por primera vez, se incorporen al Presupuesto de Egresos de la Federación del 2010 recursos etiquetados para las Juntas de Pobladores de núcleos ejidales. El punto de acuerdo fue aprobado etiquetando casi 40 millones de pesos para ese fin.

5). Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución donde se solicita a la Cámara de Diputados crear un Fondo de Emergencia Económica Multianual, conformado por los montos subejercidos de los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos.

A través de las figuras de fideicomisos, fondo, mandatos y contratos análogos, se dan subejercicios superiores a 2 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) -mas de 300 mil millones de pesos)- mismos que se desconoce si son  reintegrados a la Tesorería de la Federación. Son bolsas muy grandes que seguramente se destinan menesteres electorales o acciones ilícitas y de peculado. La propuesta busca combatir este escandaloso nivel de opacidad y al mismo tiempo transparentar el uso de estos recursos.
Por ello  el propósito de este punto de acuerdo es que la Cámara de Diputados apruebe la conformación de un fondo de emergencia económica multianual, cuyo fondeo se derive de los subejercicios de esas figuras jurídicas y el monto que defina esta soberanía aparezca en el presupuesto 2010.
6). Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, conformada por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a dar prioridad a los productores rurales y campesinos de nuestro país en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos, así como en la asociación con empresarios para el desarrollo de la industria nacional en la producción de bioenergéticos.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)  ha reiterado que, ante la realidad evidente del agotamiento de reservas petroleras en el mundo, la frecuencia de altos precios de energéticos no renovables y las consecuencias en la sustentabilidad ambiental, los bioenergéticos comienzan a abrirse paso en el siglo XXI, como una alternativa real para el desarrollo de todos los países del mundo.
Asimismo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México tiene 18 millones de hectáreas que podrían producir 20 toneladas de vegetación por hectárea y, con ello, 80 galones de etanol por cada tonelada de biomasa, por lo que, teóricamente, nuestro país podría producir más de 3.5 millones de etanol por día, lo cual lo situaría por encima de Venezuela y Kuwait en términos de producción energética de combustibles fósiles.
 Si esto es así, entonces una industria nacional de bioenergéticos que tenga como su fuente de recursos naturales lo producido por los campesinos nacionales generará empleos agrícolas y fomentará actividades económicas adicionales en el campo, ya que el peso y volumen de la mayoría de los cultivos energéticos dinamiza y capitaliza la producción rural. Entre otras este es el objetivo de este Punto de Acuerdo.
Cabe destacar que en la Conferencia y Exposición Anual de Biocombustibles de las Américas se concluyó que la región andina de Sudamérica, Centroamérica y México poseen la tierra agrícola ideal para ser la fuente de suministros y que podrían ser las países de estas regiones los líderes globales para la generación de productos bioenergéticos en el futuro.
Las oportunidades de este enorme mercado potencial deben enfocarse a coadyuvar al desarrollo del país, tomando como punto de partida la producción de los campesinos mexicanos, generando un desarrollo sostenible en sus regiones, así como para lograr la autosuficiencia energética futura, llamar a una cultura de conservación de recursos no renovables y fomentar el uso de tecnologías y productos limpios que tengan un impacto positivo en el medio ambiente.
7). Se solicita al Ejecutivo Federal el pago inmediato a los productores  beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (FOFAE), estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados.

Esta propuesta fue un reclamo de productores que demandaron la asignación de los recursos de los FOFAE que ya habían sido comprometidos en su producción y no habían sido asignados con decisiones unilaterales del Ejecutivo.
A mayor abundamiento, no existe en el decreto Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, ni en la Ley de Presupuesto y su Reglamento, como tampoco en los convenios de coordinación que se suscriben con cada estado, así como en las mismas Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, elementos que faculten al Ejecutivo federal a determinar, unilateralmente, los plazos de radicación de los recursos de los estados.
Por ello es a todas luces improcedente mantener en los fideicomisos recursos que son propiedad de los productores y además solicitar la devolución de estos recursos por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que dejan de pertenecer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y, como consecuencia, legalmente se les consideran ejercidos, una vez que fueron transferidos a los estados.
Estamos claros que, al pretender retirar los recursos de los FOFAE, no se está afectando a los estados, se está afectando a los productores, a los más pobres de este país; en un momento en el cual invertir cualquier recurso será siempre insuficiente para atender la enorme problemática de la pobreza.
Por ello, en los resolutivos del Punto de Acuerdo se  solicitó al Ejecutivo Federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los FOFAE, estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados.  De la misma manera se exigió al Ejecutivo Federal que concluya con la publicación de los recursos convenidos entre la Sagarpa y los gobiernos de los estados (aprobado).

8). Se crea la Comisión Especial para investigar las presuntas irregularidades en la compra de de 933 has  a ejidatarios por parte del gobierno de Guanajuato que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería bicentenario.
 Recientemente, Transparencia Internacional (IT por sus siglas en inglés) dio a conocer que nuestro país se ubica en el número 89 en el nivel de corrupción de 180 países. Cabe mencionar que en el 2008 ocupábamos el lugar 72, lo cual quiere decir que en sólo un año se ha agudizado este problema perdiendo 17 lugares. Hoy compartimos ese "honroso" lugar con países como: Marruecos, Rwanda, Moldavia y estamos por debajo de otros como India, el Salvador, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Es lamentable que en lugar de corregir este flagelo éste crezca de manera alarmante. Por eso creo que es importante que la Cámara de Diputados investigue algunos hechos inéditos que están sucediendo en el país que tienen el tufo de corrupción, es el caso de la venta de terrenos de ejidatarios en el estado de Guanajuato.
Como se recordará el Presidente de la República al anunciar el 15 de octubre del 2008 el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), incluyó en su propuesta un importe de 12 mil millones de pesos para la construcción de una refinería.
Posteriormente durante el primer trimestre del 2009, con motivo del 71 aniversario de la Expropiación Petrolera, el primer mandatario volvió a referirse a la construcción de la refinería. Señaló que en sus recorridos por el país había recibido propuestas de gobernadores de diferentes entidades, interesados en ser sede de esta obra.
El Presidente puso como fecha a Petróleos Mexicanos (Pemex) el 15 de abril para definir aquel estado donde se construya la refinería. Pemex anuncia como sede de esta magna obra al estado de Hidalgo. El plazo que estableció la paraestatal para contar con los terrenos necesarios para la construcción de la refinería fue de 100 días.
Sin embargo, y dado que los tiempos para contar con los terrenos donde se asentaría la refinería se prolongaron, se incorporo una segunda alternativa. Fue entonces que el estado de Guanajuato surgió como una opción.
Como consta en algunos medios de comunicación, la operación en la compra de las 933 hectáreas de terreno en el estado de Guanajuato, que se ofrecieron a Pemex, ha sido motivo de cuestionamientos por la presunta existencia de empresas fantasma –Cereal y Pastas Finas– quienes operaron con dinero público la compra de dichos terrenos.
Se habla de una danza de mil 602 millones de pesos, con los adquirieron los terrenos y cuyas comisiones, para los intermediarios, se estiman en 32 millones de pesos.
 Por ello se solicito a la H. Cámara de Diputados se constituya una comisión especial a fin de investigar las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por parte del Gobierno de Guanajuato que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario.

9). Se solicita la comparecencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social en relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el Presidente de la República en el mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la Compañía Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones con la Comisión Federal de Electricidad.

Alrededor de 50 por ciento de la población vive en  pobreza y es probable que en el año en curso ese porcentaje vaya aumentando. La situación en materia de empleo y de seguridad social, en los últimos nueve años, ha sido verdaderamente el prolegómeno de una autentica década perdida para México. Los datos no dejan ningún lugar a dudas. De no actuar con efectividad y oportunidad, se ponen en riesgo las condiciones mínimas de la justicia y de la gobernabilidad en el país.
De 2000 a 2005 el número total de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajó a 96 mil, y el registro de trabajadores eventuales urbanos pasó de 1.71 a 1.89 millones, traducido en 45 mil empleos eventuales al año sin prestaciones sociales ni una oferta seria de mejoramiento para la población económicamente activa. Las cifras dadas a conocer recientemente por la Secretaría del Trabajo cuantifican en casi 560 mil los empleos perdidos en el periodo de esta reciente crisis. Tan sólo en diciembre, la navidad les trajo a los trabajadores mexicanos 186 mil empleos cerrados.
Un aspecto de elevada gravedad de este reporte es que, de dichos empleos, 511 mil eran permanentes y 47 mil eventuales.
El propio presidente de la república, durante su mensaje de año nuevo, contrastando con su discurso pro-empleo del año 2006, habló de generar empleos temporales, con la construcción de infraestructura en el país. Se notó la ausencia de compromiso para generar empleo fijo y mejor remunerado.
Además de este tema, hay otro en el que la Secretaría del Trabajo está involucrada plenamente, consistente en el conflictivo proceso de desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que implica pasar sus recursos y responsabilidades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta etapa se ha visto seriamente afectada por el talante autoritario del titular del ramo. 
Es por ello que se solicitó la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en relación con la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la república Felipe Calderón en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad.
10). Se exhorta a PEMEX para que lleve a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente.
El marco normativo para los productos bioenergéticos tiene su base en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del 2008.  Dicha ley se establece como objetivo de su política de promoción y desarrollo de los bioenergéticos, la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano.
El desarrollo de la industria de los bioenergéticos en el país requiere, entre muchas otras cosas, de la integración y cooperación de las actividades de los sectores público, privado y social.
Las cadenas de producción y consumo de biocombustibles (bioetanol y biodiesel), y dada la estructura nacional para la producción, refinación, distribución y comercialización de éstos, Petróleos Mexicanos (Pemex) juega un papel muy importante y estratégico. Ya que esta paraestatal desde hace más de 70 años, es una empresa de todos los mexicanos. El impulso que esta naciente industria de los bioenergéticos requiere es la vigilancia y supervisión estricta de Pemex, para asegurar su adecuado desempeño.
El Programa de Introducción de Bioenergéticos, derivado de la LPDB, establece como primera etapa la introducción de etanol anhídro de combustible, de las gasolinas que se consumen en la zona metropolitana de Guadalajara para el 2011.
Para cumplir con esta programación, Pemex, a través de Pemex Refinación, emitió la licitación pública nacional 18576112-022-09 para adquirir etanol anhídro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, bajo la descripción "adquisición de bienes consistentes en etanol anhídrido para oxigenar gasolinas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, bajo la modalidad de contrato abierto, sujeto a ajustes de precios".
En dicha licitación participaron siete empresas, entre las cuales se encuentran algunas de con denuncias penales, situaciones irregulares y otras condiciones que podrían afectar la transparencia en la licitación, la buena marcha de esta industria y el futuro de los bioenergéticos en el país.
Por ello se propuso ante la Cámara de Diputados un exhorto  a la PEMEX para llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente (aprobado).
11). Por el que se solicita se reinstale la Mesa de Diálogo de la H. Cámara de Diputados con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, el Derecho de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.
El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, desde su fundación, ha demostrado ser una organización plural incluyente cuyo programa de trabajo y de visión de país se sintetizan en el Pacto del Zócalo (2008). En él confluyen diferentes fuerzas políticas que nutren al movimiento con ideas y planteamientos cuyo objetivo fundamental es hacer de México una república más democrática, soberana, igualitaria y equitativa.
La mesa de diálogo en la Cámara de Diputados se instaló por primera vez en la legislatura LX. La agenda de entonces fue rica y variada, abordando temas como modernización y soberanía de la industria energética; desarrollo agrícola y soberanía alimentaria; reforma laboral y la vigorización de las organizaciones de trabajadores de las zonas urbanas y el campo; la consolidación y fortalecimiento de la libertad y pluralidad democráticas. Entonces se  logró que muchos de sus planteamientos y demanda –debatidos y discutidos en su interior– lograran que se tradujeran en acciones concretas como elaboración o dictaminación de iniciativas de ley, puntos de acuerdo, así como demandas específicas a diferentes instancias del gobierno.
La mesa de diálogo que hoy se pone a consideración de esta soberanía busca continuar con esa tarea responsable, necesaria en cualquier democracia, de encontrar mecanismos o herramientas institucionales que busque afanosamente los acuerdos en lo fundamental, que beneficien a los ciudadanos de nuestro país.
Por ello se solicitó a la Honorable Cámara de Diputados que se reinstale la mesa de diálogo del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas con la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura. Así también que los diputados que conformen la mesa de diálogo se propone que sean miembros de las comisiones ordinarias de Agricultura y Ganadería; Reforma Agraria; Desarrollo Rural; Educación Pública y Servicios Educativos; Energía; Hacienda y Crédito Público; Seguridad Social; Desarrollo Social; Salud; Trabajo y Previsión Social; y Gobernación (aprobado).
12). Se exhorta a PEMEX a revisar y modificar los términos de la licitación número 1857611202209, relativa a la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y conferir prioridad a la adquisición con productores rurales.
El punto emplaza a PEMEX llevar a cabo una revisión puntual de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro y oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, cuya convocatoria fue publicada el 29 de septiembre del 2009, toda vez que se observan incongruencias, inconsistencias, contrasentidos que violentan la Ley en materia de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB) y sobretodo ponen en riesgo el sano desarrollo de esta industria que todos estamos procurando tener en beneficio de México, de los mexicanos y en especial de los productores del campo.
Por lo anterior se solicitó un exhorto  a  PEMEX para revisar y modificar los términos de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales; incorpore la participación del sector social; incorpore los criterios para la adquisición de los bioenergéticos por parte de la Secretaría de Energía; incorpore la disposición de preferencia de la producción nacional, sobre la importación de bioenergéticos; atender la disposición en materia ambiental; incorpore criterios de transparencia; priorice la participación de proveedores de la región; modifique la fórmula para el cálculo del precio del etanol; preserve los aranceles actuales a la importación de etanol; considere un esquema que permita la participación de los productores de manera asociada; establezca esquemas de apoyo a los productores de insumos; elimine el requisito de capital social; modifique la NOM-086, para prohibir la utilización del MTBE; establezca requisitos que puedan ser cubiertos por los productores nacionales; aumente el componente de etanol para preferir la producción nacional del insumo, entre otros puntos.
El punto de acuerdo fue aprobado.  Se interpuso una demanda de revisión de la licitación de PEMEX ante la Secretaría de la Función Pública. Finalmente La licitación de PEMEX 1857611202209 se declaró desierta (aprobado).
13). Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México para que se restituyan los espacios de trabajo, sus derechos y cese de hostilidades a los trabajadores de la agrupación de taxistas permisionarios asociados, denominada Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, AC.
Esta propuesta surgió a partir de que un grupo de taxistas agremiados solicitaron nuestra intervención en este asunto.  Esto lo asociamos con la quiebra de  Mexicana que tiene un efecto devastador para los servicios que demandaba su operación y los empleos generados, de tal suerte que 24 mil trabajadores directos de Mexicana sin empleo, en la práctica el efecto multiplicador del desempleo es ampliamente muy superior.
Pero eso no interesa a la actual administración. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) se está viviendo una situación preocupante para los servicios paralelos que demanda la operación de las aerolíneas, en especial los de servicios de taxis. A ello hay que agregar el manejo discrecional y poco claro en el otorgamiento de concesiones que privilegian zonas que demandan este servicio.
Es el caso de integrantes de Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, AC, que primero no les dejaron prestar este servicio en la Terminal 2 del AICM y hoy muchos de ellos simplemente ya no les permiten prestar este servicio de transporte en ninguna de las dos terminales.
Los resolutivos planteados en el Punto de Acuerdo fueron:
Uno: Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general del aeropuerto para que a la organización Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, AC, se les garantice el acceso a las terminales 1 y 2 de dicho aeropuerto y la prestación de servicio terrestre que vienen realizando desde hace más de treinta años.
Dos: Se implementen las medidas necesarias para cesar todo tipo de agresiones y hostilidades en contra de los permisionarios Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, AC, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
14). Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se conforme el Consejo Regulador de la Cadena Maíz-Tortilla Tradicional de Nixtamal.
Los problemas que vive este sector de la Cadena Maíz-Tortilla Tradicional de Nixtamal son preocupantes. Por ello hicimos esta propuesta ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Algunos de los considerandos son los siguientes:
El maíz, junto con la tortilla no sólo son parte imprescindible en la dieta de los mexicanos, sino que constituyen productos que se asocian de manera directa a la cultura, idiosincrasia e historia de nuestro país.
El maíz blanco nixtamalizado, trasformado en tortilla, su consumo per cápita es de 305 gramos diarios y proporciona el 47 por ciento de la fuente calórica de la población.
 La cadena productiva maíz-tortilla involucra a 2.8 millones de productores del campo, 84 mil tortillerías, 42 mil molinos y una derrama económica de 65.5 miles de millones de pesos. Genera en promedio 350 mil empleos directos.
Siendo la cadena maíz-tortilla tradicional de nixtamal un producto necesario en la dieta de las familias mexicanas, en los últimos diez años su precio se ha disparado de manera exponencial. En el 2000 el precio del kilogramo de tortilla era de 3.0 pesos, actualmente ya se puede encontrar en un rango de 9.50 a 16.0 pesos, esto es entre 217 por ciento y 433 por ciento más caro. En otras palabras, si hace 10 años un kilogramo de tortilla representaba el 15 por ciento del salario mínimo, hoy en día supera el 33 por ciento.
Los resolutivos de esta propuesta fueron:
I. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones conforme un Consejo Regulador Federal de la Cadena Productiva Maíz-Tortilla Tradicional de Nixtamal que planee, organice, controle y vincule a todos los agentes que interviene en la cadena productiva.
II. Que se integren a los productores de maíz directamente con los productores de masa, a través de la agricultura por contrato.
III. Se crea un fideicomiso entre los productores de la cadena maíz-tortilla tradicional de nixtamal con el gobierno federal, a fin de implementar un subsidio directo y focalizado a la población más pobre para la tortilla de nixtamal.
IV. Se implementen de manera urgente mecanismos para crear una reserva estratégica de maíz blanco.
V. Se formule la creación de una norma oficial mexicana sobre las dos clases de tortilla en el mercado: la tortilla tradicional de nixtamal y la tortilla de harina de maíz, donde se especifiquen las características óptimas nutricionales, de salud e higiene, entre otras.

Los puntos de acuerdo suscritos se enumeran a continuación.

1). Se crea la Comisión Especial de la Industria Automotriz.
La industria automotriz vive la peor crisis mundial de los últimos 50 años. Su desempeño en México no ha sido la excepción. La nuestra es de las más afectadas. Como resultado de lo anterior, la producción automotriz en México cayó 49.2 % en los primeros seis meses del año, y según un amplio estudio de los especialista de BBVA, la producción anualizada en 2009 caerá en 60 por ciento.
Los 14 estados del país donde la industria automotriz tiene presencia saldrán afectados inevitablemente, en mayor o menor medida, por la crisis que atraviesa este sector. Los estados con la mayor participación de esta industria en el PIB local son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
En la crisis actual, el crédito enfrentará restricciones sustanciales debido a que las instituciones financieras, automotrices y bancarias no encuentran liquidez en el mercado internacional. El riesgo es global y los inversionistas privilegian los portafolios con mayor seguridad. La legislación actual impide el otorgamiento de créditos a clientes con registros negativos en el buró de crédito, cuando menos durante siete años, lo que limitará aún más la venta de vehículos a clientes que en el corto plazo, superada la crisis, recuperen capacidad de pago.
Por lo anterior resulta imperativo tomar medidas que reactiven el mercado nacional y eviten la caída adicional de esta industria. Por ello se propone crear la comisión especial de la industria automotriz a fin de ser una instancia colegiada que proponga alternativas que favorezcan a la estabilidad de esta importante industria para México.
2). Se exhorta a la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública y al titular de la SAGARPA para que en el diseño del programa Procampo se consideren estrategias que permitan otorgar una mejor asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de dicho programa.

Tres son los resolutivos en esta propuesta, donde se exhorta al titular de la SAGARPA para que:

a). Dentro de la estrategia y líneas que integran el PROCAMPO, se incluya la capacitación y la asistencia técnica, práctica  y demostrativa para los beneficiarios de éste.

b). Se identifiquen recursos hasta por 10% del costo total del programa.

c). Se establezca un programa de asistencia y capacitación que al menos garantice cinco asesores técnicos por cada municipio.

3). Se exhorta al titular de la SHCP, en su carácter de Presidente del Comité Técnico que administra el Fideicomiso de apoyo social de los ex trabajadores migratorios mexicanos, para que de cumplimiento a diversas disposiciones que establece la Ley que crea el fideicomiso.

 a).  Se exhorta al Comité Técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, por conducto de su Presidente, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que el pago correspondiente por $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos M/N) que establece la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y sus Reglas de Operación se realice en una sola exhibición.
b). Es pertinente precisar que el exhorto se realice por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidente del Comité Técnico, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3º de la ley de la materia, el fideicomiso carece de estructura orgánica propia.
c). Se solicita a la Mesa Directiva que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya una revisión de situación excepcional para auditar el Fideicomiso de Apoyo Social de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
d).  Se exhorta a la Secretaría de Gobernación revise las Reglas de Operación del Fideicomiso para dar prioridad a los ex trabajadores migratorios mexicanos que por condición de salud y/o edad tengan prioridad, dando como resultado el respeto a los principios sociales y humanos con los que fueron creados dicha ley.
4). Para crear un Fondo de Emergencia en Apoyo a los Defraudados de la empresa SITMA.
El funcionamiento de empresas que ofrecen servicios financieros de inversión, con rendimientos mayores a los ofertados por la Banca Mexicana, proliferó hace mas de dos lustros en diversos Estados de la República, incluyendo al Estado de Puebla, sin contar con la debida autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismo responsable, en términos de la ley que regula dicho órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Se tienen reportes de denuncias de defraudados por Sitma en Puebla, Veracruz, Aguascalientes, estado de México, Tlaxcala, Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Baja California y Distrito Federal.
Sólo en el estado de Puebla existen al 11 de marzo del año en curso:
• 5,319 afectados
• 668 millones, 174 mil pesos es el monto de lo defraudado
• 3,260 consignaciones ante el Juez correspondiente
Esta Cámara hace suya esta demanda de miles de cuentahabientes defraudados por Sitma, quienes en la mayoría de los casos se dejaron seducir por los supuestos altos rendimientos ofrecidos, por la publicidad tolerada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ante la mirada complaciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Siendo omisa la autoridad supervisora en este presunto fraude (SHCP y la CNBV), es que se considera necesario que, a proposición de la Cámara de Diputados crear un fondo de emergencia en apoyo a los defraudados  esta empresa, para cubrir al 100% el monto de sus depósitos.


5). Se propone la creación de un grupo de trabajo especializado en el que participen legisladores, sindicatos, empresarios, gobierno, y demás sectores involucrados, que se encargue de analizar la Ley federal del Trabajo vigente y formule y emita opiniones respecto de una propuesta de reforma laboral integral.
En los últimos años los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados han presentado diversas iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo que obliga a los legisladores a abrir canales de comunicación y negociación en la búsqueda de consensos para definir una Ley Federal del Trabajo acorde con la realidad del país y que verdaderamente beneficie a los trabajadores mexicanos.
El movimiento obrero y las organizaciones sindicales tienen claro que la revisión a la Ley Federal del Trabajo debe ir en el sentido de buscar la actualización de la misma, acorde con los procesos económicos vigentes, pero siempre buscando mejorar y elevar el nivel de vida de millones de mexicanos.
Las propuestas e iniciativas que hasta ahora se han presentado no ofrecen ninguna garantía de repercutir positivamente en el bienestar de los trabajadores del sector formal y menos aun para aquellos trabajadores desplazados de su fuente de trabajo; lo que sólo se logrará si se incluyen en la ley sistemas de incentivos a la productividad laboral y a la competitividad de las empresas así como sistemas transparentes correlativos a la remuneración del trabajo, buscando fortalecer el salario del trabajador que le permita vivir dignamente; y asegurando los derechos y conquistas logradas por los trabajadores.
Aunado a lo anterior el panorama laboral para el 2010 es verdaderamente incierto, el incremento de precios de la canasta básica, que durante los 3 primeros años de esta administración se incremento en 66%, al pasar de 812 pesos a 1,410 pesos en comparación con el incremento del salario mínimo de tan solo 2.6 pesos que representa el 4.7%, ha afectado gravemente la economía de millones de familias mexicanas.
En los últimos años los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados han presentado diversas iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo que obliga a los legisladores a abrir canales de comunicación y negociación en la búsqueda de consensos para definir una Ley Federal del Trabajo acorde con la realidad del país y que verdaderamente beneficie a los trabajadores mexicanos.
El movimiento obrero y las organizaciones sindicales tienen claro que la revisión a la Ley Federal del Trabajo debe ir en el sentido de buscar la actualización de la misma, acorde con los procesos económicos vigentes, pero siempre buscando mejorar y elevar el nivel de vida de millones de mexicanos.
Las propuestas e iniciativas que hasta ahora se han presentado no ofrecen ninguna garantía de repercutir positivamente en el bienestar de los trabajadores del sector formal y menos aun para aquellos trabajadores desplazados de su fuente de trabajo; lo que sólo se logrará si se incluyen en la ley sistemas de incentivos a la productividad laboral y a la competitividad de las empresas así como sistemas transparentes correlativos a la remuneración del trabajo, buscando fortalecer el salario del trabajador que le permita vivir dignamente; y asegurando los derechos y conquistas logradas por los trabajadores.

Por ello es que en este Punto de Acuerdo se propone la creación de un grupo de trabajo especializado, en el que participen legisladores, sindicatos, empresarios, gobierno y demás sectores involucrados, que se encargue de analizar la Ley Federal del Trabajo vigente y formule y emita opiniones respecto de una propuesta de reforma laboral integral para todos los trabajadores mexicanos, incluidos los del medio rural y jornaleros.

6). Se exhorta a  los titulares de la SAGARPA, SEMARNAT y CNA, revisar y en su caso complementar el Sistema Nacional de Estaciones Meteorológicas de la República Mexicana.
Los cambios de los ecosistemas del planeta han ocasionado transformaciones por demás graves y preocupantes. Los avances tecnológicos de la humanidad han generado un conjunto de externalidades negativas en el ambiente, lo que ha incidido en el deterioro de la calidad de vida de millones de personas.
El calentamiento global se ha incrementado considerablemente. Ejemplo de ello es el incremento de la temperatura del planeta, que se acerca peligrosamente a 2 grados y que ya se manifiesta de diversas maneras; una de las muestras más claras de ello son los fenómenos meteorológicos, entre los que destacan los huracanes, las tormentas tropicales, las sequías, las trombas, las nevadas, los frentes fríos y las ondas gélidas.
En términos de los recursos naturales disponibles, es importante mencionar que a consecuencia del cambio climático, se perderá más de 20 por ciento del agua en el mundo.
La sequía en muchas partes del mundo se ha agudizado de manera preocupante, lo cual pone en riesgo a millones de hectáreas de bosques y hace que una cantidad importante de especies se encuentre en peligro de extinción.
En los últimos 10 años, los fenómenos meteorológicos se han manifestado con mayor intensidad a lo largo y ancho del territorio nacional, ocasionando daños materiales con un alto costo, lo que representa un obstáculo para el desarrollo económico de comunidades, municipios, regiones y estados.
Sobre los escenarios del cambio climático en México, específicamente en cuanto a temperatura y precipitación, se estima que el calentamiento se eleve entre 2 y 4 grados Celsius hacia 2020, afectando la parte continental del norte de México, en tanto que habrá una reducción en precipitaciones cercana a 15 por ciento; en regiones del centro de México y de menos de 5 por ciento en la zona del Golfo; en verano, las lluvias podrían disminuir hasta 5 por ciento en la parte centro; y se proyectan retrasos en inicio de lluvias, con una extensión de la temporada de lluvias, hacia los meses del otoño, para gran parte del país.
A escala nacional, se proyecta una reducción de 10 por ciento anual en la disponibilidad de agua. La temperatura del mar Caribe, Golfo de México y Pacífico podría aumentar 1 y 2 grados Celsius, favoreciendo ciclones tropicales. Aunado a ello, el periodo de sequía aumentaría, provocando incendios forestales.
El insuficiente número de estaciones meteorológicas provoca que los productores afectados, en su mayoría del sector social, no puedan recibir los beneficios y apoyos de los programas de atención de contingencias climáticas. También es aprovechado por las compañías aseguradoras para evadir su responsabilidad y compromiso con los clientes.
Para subsanar lo anterior, se requiere una inversión aproximada de 150 mil pesos por estación agroclimática, la cual cuenta con sensores automatizados, que registran en una base central, de manera continua y en tiempo real a intervalos de 15 minutos, las fluctuaciones de 6 variables climáticas, con capacidad de monitorear un diámetro de 20 kilómetros. Ésta es una herramienta de gran utilidad para los agricultores, pues les permitirá planificar de mejor manera su producción, reduciendo los riesgos del efecto climático adverso en cultivos y ganado.
Con esta inversión por estación meteorológica, la reducción de los riesgos equivale, en algunos cultivos, hasta a 30 por ciento, como consecuencia de aplicar el manejo adecuado de los pronósticos del tiempo y los modelos de predicción de plagas y enfermedades. Lo idóneo es tener una red meteorológica que cubra el territorio nacional, empezando por las zonas de mayores afectaciones, muchas de las cuales ya son cíclicas.
Por lo anterior se propuso el Pleno de la Cámara de Diputados exhortar a los secretarios de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al director general de la Comisión Nacional del Agua, a implantar de inmediato acciones que permitan revisar y, en su caso, complementar el Sistema Nacional de Estaciones Meteorológicas, a fin de contar con mayor número de estaciones climatológicas dedicadas a realizar un monitoreo permanente que permita a los productores planificar de mejor manera las actividades agropecuarias, y reducir los efectos negativos por la presencia de fenómenos climáticos.

7). Se solicita al titular del Ejecutivo Federal, instruya al INEGI para que incorpore una cédula adicional sobre la salud de los mexicanos en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a efecto de obtener un efectivo diagnóstico de la salud en México y que dicho contenido de la cédula se acuerdo con el Consejo de Salubridad general.
En nuestro país, los problemas de la salud cada día van en aumento, por múltiples padecimientos, que van desde las infecciones respiratorias agudas, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las infecciones urinarias, las infecciones intestinales, que representan, las úlceras, la gastritis y la duodentitis , entre muchos otros. Todas ellas suponen, además del sufrimiento de las personas y sus familias altos costos de atención, sobre todo por la baja capacidad preventiva.

La obesidad y la diabetes, por citar un ejemplo, representan un gasto en atención de cerca de mil 500 millones de pesos, además de ser una de las 10 principales causas de hospitalización en adultos y ocasionar cada año 70 mil muertes prematuras.
Frente a ello, el planteamiento de contar con un sistema nacional de salud único continúa siendo vigente. Aunque administración tras administración ha sido abordado desde la mayor diversidad de posturas sustentadas, para alcanzarlo en beneficio de la calidad de vida de todos los mexicanos, es imprescindible alcanzar un modelo eficiente de generación y manejo de información que permita con toda oportunidad, su intercambio y utilización, sin barreras geográficas o institucionales, lo que se lograría con la conformación del archivo nacional de salud.
Ahora que en este año se lleva a cabo el Censo de Población y Vivienda se se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que incorpore una cédula adicional sobre la salud de los mexicanos en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a efecto de obtener un efectivo diagnóstico de la salud en México. Para tal efecto, se propone que el contenido de dicha cédula se acuerde con el Consejo de Salubridad General.
8). Se exhorta a la SRA para que, en coordinación con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural, elabore planes de desarrollo de los núcleos ejidales  y comunales.
México cuenta con 31,480 ejidos y comunidades agrarias que incluyen aproximadamente 3 millones 100 mil sujetos agrarios, quienes poseen 103 millones de hectáreas, que representan el 53% del territorio nacional.
Se repartió la tierra, se creó el Banco Ejidal, después Banrural y luego Financiera Rural; se desarrolló infraestructura hidroagrícola. Sin embargo  no se ha contado con un Programa de Desarrollo Sustentable.
Se ha regularizado la tierra a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales Procede y se ha entregado la carpeta básica; el acta de nacimiento del núcleo agrario que describe en términos generales sus características y recursos.
Con excepción de la atención al establecimiento del libro de contabilidad, la atención a asambleas, la credencialización de las mesas directivas, así como Programas de la Mujer, Joven Emprendedor Rural, Fondo de Tierras y Atención a Conflictos Agrarios, con presupuestos muy limitados, en realidad no hay un plan de desarrollo específico para los ejidos y comunidades agrarias de México, existiendo un menosprecio y un trato como mexicanos de segunda clase por parte de los gobiernos.
La falta de un plan, programa o proyecto para fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios, imposibilita la implementación de acciones que favorezcan e impulsen el crecimiento y desarrollo de estos.
Existe un desconocimiento de los recursos naturales existentes, así como de las potencialidades de los propios núcleos agrarios. La falta de un Plan ha dificultado que los ejidatarios y comuneros puedan aprovechar sus riquezas.
Ello provoca que se presenten bajos rendimientos en la producción agropecuaria, se reproduzcan modelos productivos de bajos nivel tecnológico que se traduce en bajos niveles productivos y reducidos ingresos para miles de familias que dependen de las actividades primarias.
En el 70 por ciento de los núcleos agrarios, esto es más de 22 mil ejidos y comunidades, los jóvenes no se están integrando a las actividades del campo; hay una grave desvinculación generacional que pone en riesgo la continuidad de este tipo de figuras agrarias. De igual forma, ante la falta de apoyos y alternativas, la migración de la población rural se ha venido incrementando de manera preocupante. El proceso de expulsión poblacional no se ha detenido, y ahora son las mujeres y los menores quienes están aumentando el porcentaje de migración.
No se puede hacer un plan de trabajo porque no se tiene los elementos básicos para tomar decisiones e incidir en procesos de desarrollo sustentable. Los asesores técnicos no cuentan con un instrumento informativo elemental para iniciar planes de mejora productiva y socioeconómica.
 Por ello esta propuesta contempla un exhorto a la SRA con los siguientes resolutivos:
a). Con el apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Agraria Antonio Narro, el Instituto Superior de Agricultura del Estado de Guerrero y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria elaboren los Planes de Desarrollo Ejidal de los 31 mil 480 núcleos agrarios existentes en el país.
b). La propuesta (s) será presentada (s) a través de una ficha que destaque los recursos naturales disponibles, las principales actividades productivas, la problemática ambiental, la problemática y potenciales de la actividad productiva, así como un plan de 10 mejoras sustantivas y de 10 acciones de capacitación y asesoría para mejorar su productividad y procurar el desarrollo sustentable en el corto, mediano y largo plazo.
9). La excitativa que suscribí junto con otros compañeros diputados y diputadas, está relacionada con la legalización de la importación de vehículos usados del exterior, en el siguiente tenor:

 “solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía que formule excitativa a los presidentes de la Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados, Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.


1).  El pasado 13 de noviembre del 2009, la Diputada Graciela Ortiz González presentó a nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados, procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.


Esta Iniciativa es muy importante dictaminarla, toda vez que constituye una norma fundamental para regular la importación de vehículos usados procedentes de de Estados Unidos y Canadá, dando certeza jurídica tanto a los compradores como a quien vende estos vehículos.

1).3 Presupuesto para el campo,  desarrollo social y el Estado de Guanajuato.
Una de las más importantes facultades de la Cámara de Diputados es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Siendo el instrumento más importante de Política Económica de País, fuimos especialmente incisivos y demandantes en incrementar el Presupuesto para el Campo y para los programas de Desarrollo Social Agrupados en el Ramo 20.
En el primer caso el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2010 para el campo, contemplado en el Programa Especial Concurrente (PEC), fue superior en más de de 34 mil millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo. Con un monto de más de 269 mil millones de pesos representa el más alto que se haya obtenido en la historia reciente.
No fue tarea sencilla alcanzar esta cifra. La decisión estaba dada. Ni un paso atrás en este objetivo. Así lo instruyó el Presidente de la Comisión de Agricultura  Cruz López Aguilar y así lo comunico a los 85 diputados del sector agrario del PRI de la LXI Legislatura.
En ningún momento se titubeo. Esa siempre ha sido la característica del liderazgo de la CNC; generosos hacia adentro y combativos hacia afuera. Gracias a ello, con todo y las carencias y el abandono en que se encuentra el campo, un presupuesto mayor y ejercido hace menos difícil la vida de las familias campesinas.
En cuanto al Presupuesto aprobado para los programas sociales sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Social, se pudo obtener un incremento mayor a los 16 mil millones de pesos (casi 24% más al aprobado en el 2009). Entre los incrementos más significativos respecto al 2009, destaca el Programa Oportunidades con 33%; el Programa Alimentario para Zonas de atención Prioritaria 108%; Diconsa Abasto Rural 22.5%; Hábitat y Jornaleros Agrícolas 53%; Vivienda Rural 77% y Empleo temporal 206%, entre otros.
En el seno de la Comisión hemos insistido que si bien son importantes los montos aprobados, estos no sirven de mucho cuando se encuentran barreras infranqueables en las reglas de operación. Si bien es facultad de Ejecutivo su elaboración, diputados integrantes de diferentes Camisones, entre ellas la de agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Ganadería, Desarrollo Social, entre otras, hemos exhortado al ejecutivo para que, en un dialogo republicano, nos haga participes en sus elaboración. Hasta ahora los resultados han sido alentadores.
El PEF-2011 fue aprobado para los programas de Desarrollo Social (ramo 20) fue ligeramente superior al aprobado en el 2010 en 0.2%, destacando los incrementos en los programas Oportunidades en 1.1%, Compra de Leche nacional 8.3%, 70 y Más 1.5%, Estancias Infantiles 11.5%, principalmente.
Es de destacarse los recursos aprobados por la Cámara de Diputados  ejercicio fiscal 2010, destinados al Gobierno de Guanajuato. El Monto asciende a casi 39 mil millones de pesos. Cabe mencionar que los Fondos de Aportaciones (Ramo 33) y las Participaciones en impuestos Federales (Ramo 28). Representan el 90 %, el resto se distribuye en: Fondo metropolitano, Subsidio a la Universidad Pública de Guanajuato, Construcción y modernización de carreteras etc.

2). Grupo de Trabajo para analizar la Controversia Constitucional de la extinción de Luz y Fuerza.

El objetivo de este Grupo de Trabajo fue convertirnos en un cuerpo colegiado que atendiera una solicitud expresa de la Cámara de Diputados para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiara y fallara  si fue apegada a derecho la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (L y F).

Fueron tres sesiones de trabajo interesantes, difíciles, controvertidas, muchas veces antagónicas, pero siempre respetando la opinión de cada uno de los integrantes.

Al final no se cumplió con lo pactado;  y con la intervención soterrada de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se “boicoteó” la votación de los diputados con diferentes artimañas, a fin de no hacer mayoría y, de esta manera, evitar que el asunto fuera turnado a la Corte.

En mi opinión- pese a que finalmente este problema llegó a la Corte y el falló fue a favor de la extinción del L y F- estoy convencido de que fue ilegal la extensión de la Paraestatal. Para argumentarlo anexo (1) mi intervención final en ese grupo de trabajo.


Así también, y con la finalidad de acotar esta facultad presidencial y el día de mañana se  extingan organismos “a diestra y siniestra” es que propusimos la iniciativa de reforma a la Ley de Entidades Paraestatales- como ya lo anotamos.

Es como pensamos que se puede combatir la discrecionalidad, unilateralidad y evitar el desmantelamiento del sector paraestatal de nuestro País (anexamos el resolutivo de la propuesta de iniciativa de ley ( 2) ).

(anexo 1)

Intervención del Diputado Gerardo Sánchez García en torno a la procedencia de controversia constitucional sobre la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro.

 Con su permiso Señor presidente.

Compañeras y compañeros Diputados.

En primer lugar, quiero manifestar mi beneplácito por este grupo plural. En las reuniones de trabajo que se realizaron, siempre privó el diálogo, el respeto, la pluralidad en las ideas. Los posicionamientos fueron una muestra de que siempre   la democracia será la mejor manera de arribar a mejores estadios de convivencia civilizada.


Con ese mismo ánimo, quiero manifestar que, de acuerdo al análisis que hemos realizado, creemos  que es procedente la Controversia Constitucional en relación al decreto que extingue la compañía luz y Fuerza del Centro (L y FC), porque invade facultades que también le competen al Congreso de la Unión. Algunas consideraciones son las siguientes:

1). El decreto que extingue a L y FC viola el artículo 89 fracción I de la Constitución donde señala que, entre las facultades del Presidente de la República está el de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

2). Si esto es así, entonces el decreto que reforma el artículo 4° transitorio en 1989 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fue  aprobado por este Congreso. Por lo tanto, la creación de L y FC tiene se sustenta en ese artículo, cuando dice “El Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando las demás compañías”. En el decreto de creación de L y FC en 1994, se hace mención de este artículo como fundamento jurídico para su creación.

3). Resulta, cuando menos suspicaz, que en el decreto de extinción de L y FC del  11 de octubre del 2009, no aparezca como fundamento jurídico el artículo 4° transitorio, sino que solo aparece en la exposición de motivos. Una interpretación de lo anterior, es que para extinguir a L y FC se tuvo, primero, que haber reformado el artículo 4° transitorio de dicha Ley.

4). Se argumenta, entre otras razones, que el  artículos 15  de la Ley Federal de Entidades Paraestatales faculta al Presidente de la República para extinguir organismos descentralizados, observando las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.

5). Si el decreto de creación del L y FC lo firma el Presidente, es porque desde el Congreso de la Unión se reformó el artículo 4° transitorio de dicha Ley,  y que el Presidente no veto.

6). Por ello nos parece que el Presidente se excede en sus funciones. En todo caso debió haber mandado un proyecto de Iniciativa para reformar el artículo 4° transitorio de esa Ley, donde se señale las razones de extinción de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que presta el servicio de energía eléctrica.

7). Otro artículo de la Constitución que, en nuestra opinión viola el Ejecutivo Federal, es el artículo 74 de la Constitución fracción IV, puesto que es la Cámara de Diputados la que aprueba el monto del Presupuesto y su destino. Este Cámara para el 2009 no aprobó ninguna partida para liquidar L y FC y a sus trabajadores. A nuestro juicio se hace uso de recursos que no aprobó esta Cámara para la liquidación de los trabajadores de L y F C.

8). También, el artículo 73 fracción X de la Constitución,  se ve violentado, dado que la facultad potestativa para legislar en esa materia la tiene el Congreso de la Unió.

9.  Por otra parte, el Ejecutivo Federal y las autoridades  a su cargo se excedieron en el uso de las facultades que le confieren las leyes de la materia, al ejecutar las acciones de aseguramiento de los bienes del organismo federal descentralizado, antes de la publicación en el DOF y de la entrada en vigor de los ordenamientos legales que les sirvieron de base legal para desplegar el operativo.
Por los argumentos jurídicos mencionados, en nuestra opinión creemos en la procedencia de la controversia constitucional.
Anexo 2
Decreto que reforma los artículos 15, último párrafo de la fracción IX, y 16 de la Ley de Federal de Entidades Paraestatales
Artículo Primero. Se reforma el artículo 15 fracción IX, último párrafo para quedar como sigue:
Artículo 15. En las leyes…
I…VIII
IX. En el Régimen…
En la extinción de los organismos paraestatales de la administración Pública Federal, se hará del conocimiento a la honorable Cámara de Diputados o a de la Comisión Permanente en periodos de receso del Congreso de la Unión, además de observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo al artículo 16 para quedar como sigue:
Artículo 16. Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad. Para estos efectos, se deberá contar con la opinión de la honorable Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, en periodos de receso del Congreso de la Unión.





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