El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene la mejor disposición de enfrentar y resolver más de mil 600 conflictos agrarios diferidos durante los doce años de administraciones panistas, lo cual se constituyó en un gran rezago en materia jurídica, inseguridad en la tenencia de la tierra y pobreza de ejidatarios, comuneros y propietarios rurales.
Lo anterior se puso de manifiesto durante la primera reunión entre funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y dirigentes de nuestra Confederación Nacional Campesina (CNC), con el propósito de identificar y emprender acciones resolutivas no solamente en regiones y estados con problemas limítrofes, sino de reconocimiento de derechos agrarios, expedición de títulos ejidales y comunales, de indemnizaciones sobre expropiaciones pendientes de finiquitar, entre otros conflictos.
Las instrucciones del Presidente Peña Nieto y del titular de la SEDATU, Carlos Ramírez Marín, son en el sentido de dar salida a todos los problemas que se han convertido en limitantes para avanzar en los programas productivos y de organización, en la ampliación de infraestructura y en general para la aplicación de programas que corresponden a otras dependencias federales, estatales y municipales que, por las razones señaladas, no se han incorporado al proceso productivo nacional.
El director general de Concertación Agraria de SEDATU, Carlos Ernesto Zataráin González, quien representó al titular de esa dependencia, junto con el secretario de Acción Agraria de la CNC, Víctor Gandarilla García, coincidieron en la necesidad de imprimir agilidad a la concertación y solución de los problemas agrarios a través de la estrecha coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
La CNC ha recibido la solicitud de los presidentes de las Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de todo el país, para acelerar las gestiones de solución a los conflictos agrarios, muchos de los cuales fueron abandonados, por parte de autoridades federales de las dos administraciones panistas pasadas, con resultados funestos en cuanto a titulación de predios, delimitaciones, definición de sujetos derechosos de tierras ejidales, comunales y de propiedad privada.
El rezago también es notable en cuanto a otorgamiento de créditos, de maquinaria, tecnología y concurrencia a los mercados nacionales, regionales y locales.
Otro tema que mereció la atención de las autoridades agrarias y la CNC, es el de la usurpación de la razón social de la Confederación Nacional Campesina, por parte de supuestos dirigentes.
Los falsos dirigentes de esas organizaciones “fantasmas” engañan a las dependencias federales por varias razones. Primero, que no cuentan con la membresía correspondiente; segundo, jurídicamente están fuera de la Ley, pues carecen de la autorización del Registro Público de la Propiedad.
Los asistentes a la reunión coincidimos en que las dependencias federales que desarrollan programas de carácter social, no deben reconocer membretes de organizaciones sin verificar su autenticidad.
Esto porque en las dos últimas administraciones pasadas, los panistas reconocían a cualquier personaje, siempre y cuando fuera contrario o disidente de la CNC. Ahora es diferente y, por principio, debemos todos regirnos por las leyes. Nada fuera de ellas.
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