Nuestro Consejo Político y de Desarrollo Rural de la Confederación Nacional Campesina, se pronunció por un presupuesto 2013 para este sector, de 355 mil millones de pesos, a fin de que sea pilar en el freno a la crisis productiva, económica, social y ambiental que hoy atraviesa el campo mexicano.
Registré el voto unánime de los delegados cenecistas de toda la República a la “Propuesta Campesina para el Programa Especial Concurrente (PEC) 2013, Criterios y Montos”, presentada por el Comité Ejecutivo Nacional.
Se trata de alcanzar una meta mayor en cantidad y calidad a lo aprobado para este año, que fue un monto cercano a los 305 mil millones de pesos.
No se puede comprobar si ese monto realmente se aplicó, pero lo cierto es que en muchas regiones del país las quejas de los productores fue de que no, al igual que sucedió en otros años de gobierno panista.
La presentación de la propuesta estuvo a cargo del doctor César Tourrent, integrante del CEN de la CNC y director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria en el recinto de San Lázaro, quien dijo que el PEC debe ser una señal que dé sustento y responda a la realidad rural del país, así como a los pronunciamientos y compromisos de campaña del Presidente Electo, Enrique Peña Nieto.
El director del CEDRSSA no dejó de mencionar que después de 12 años de lucha contra un gobierno opositor a lo que representan intereses de los campesinos, indígenas y el sector social, la CNC ha sobrevivido y seguirá luchando de manera organizada, para incrementar y hacer accesibles los apoyos del gobierno al sector rural.
Con este documento se mandan señales claras y positivas a la población del medio rural, mostrando desde el primer año del nuevo gobierno un trato favorable, diferente, al campo mexicano.
La primera señal es que se envíe a la Cámara de Diputados un crecimiento en términos reales del PEC 2013 y no ocurra lo que ha sucedido en los últimos nueve años, en donde el Ejecutivo envía a la Cámara un presupuesto menor al del año anterior y sesgado a las actividades sociales-asistenciales, generando conflictos en todos los agentes de la sociedad plural.
La propuesta es superior en 50 mil millones de pesos a lo aprobado en 2012, considerando los índices inflacionarios y que, sobre todo, se busca asegurar que se privilegie al campesino, indígena y pequeño productor en zonas de muy alta, alta y mediana marginación.
Lo que se pretende es dar prioridad a los programas que fomenten la producción de alimentos y contribuya al mandato constitucional de garantizar, por parte del Estado, una alimentación suficiente, sana y nutritiva entre la población, particularmente de la zona rural que es la más afectada por el hambre.
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