En la Confederación Nacional Campesina, denunciamos que el gobierno federal retome el mecanismo exitoso de la agricultura por contrato que cambió la SAGARPA, sin reparar en el daño que causa el golpe a productores de maíz, sorgo, soya y a los consumidores en el país.
Por tal motivo, en mi calidad de legislador presenté un punto de acuerdo a nombre de integrantes de diversos grupos parlamentarios en el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que instrumenten un Programa Emergente de Agricultura por Contrato con un monto estimado de tres mil millones de pesos.
El objetivo es garantizar el precio y la comercialización de al menos 5 millones de toneladas de granos del ciclo primavera-verano 2012, de las cuales tres millones son de maíz, 2 millones de sorgo y 150 mil toneladas de soya.
Lo anterior permitiría darle certeza a los productores y consumidores de estos productos en la comercialización y los precios de adquisición justos, por lo que de llevarse a cabo este programa emergente su impacto sería para toda la oferta nacional de granos comerciales”, afirmó el senador del estado de Guanajuato.
Desde hace casi una década este programa institucionalizado en el país ha permitido certeza y seguridad para el productor y el consumidor en el volumen de producto a comercializar y los precios a los que se habrán de realizar.
En otras palabras: El Programa de Agricultura por Contrato brinda certidumbre al productor porque asegura que su siembra será vendida, y al comprador garantiza su abasto, además de otras ventajas como son el que los insumos y servicios de producción a menudo se suministran mediante anticipos hechos por el contratante.
Pero de forma inexplicable la SAGARPA ha cambiado el esquema de operación de la agricultura por contrato al sustituirla por el llamado Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de intermediarios financieros conocidos como PARMIF.
Entre las principales desventajas de este cambio se encuentra la necesidad para el productor de contar con una línea de crédito lo que deja fuera al que no está bancarizado; además obliga a registrarse de manera directa y no a través de terceros, situación que afecta seriamente a las organizaciones de productores, como son las sociedades de producción rural, las cooperativas y las unidades de producción, entre otras. Por si fuera poco, se castiga presupuestalmente el programa hasta en un 93%.
Esto significa que si para este año el componente apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización tuvo una asignación presupuestal de 8,500 millones de pesos, ahora sólo se asignarán 550 millones de pesos a través de FIRA (Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura), lo cual quiere decir que el contrato ya no se hace con el organismo gubernamental Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuario (ASERCA), como tradicionalmente se hacía.
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