En la Confederación Nacional Campesina, manifestamos que el país vive la situación más deplorable que se tenga memoria después del triunfo de la Revolución Mexicana, la tragedia del campo es una realidad que el actual gobierno va a lamentar en las próximas elecciones.
El campo de México es un enorme foco rojo resultado de que durante la presente administración ha sido abandonado a su suerte y lamento que para el el sexenio que agoniza no haya existido una política de Estado contundente para el agro nacional.
Por el contrario, los despojos de tierras a indígenas, ejidatarios y comuneros se multiplican y, como a principios del siglo pasado, ha resurgido la explotación de parte de empresas extranjeras, principalmente españolas y canadienses, que se roban los recursos naturales de México con la complacencia de las autoridades.
El legado del “Caudillo del Sur” está más vigente que nunca, porque fue y sigue siendo un ejemplo mundial en el significado de la lucha por los desprotegidos. Zapata es un icono siempre presente que no da tregua para seguir con la lucha que emprendió, sobre todo ahora en que urge detener la embestida que están fraguando los gobiernos de derecha panistas en el país.
El acto conmemorativo del 93 aniversario de la muerte del general revolucionario que se llevará a cabo el próximo 10 de abril en el estado de Morelos, será encabezado por Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la República por la Coalición “Compromiso por México”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En este gobierno de derecha, los conflictos agrarios en lugar de solucionarse reaparecen, como es el caso de los Chimalapas, por la disputa de más de 8 mil hectáreas de bosques, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, problema que se suma al de la Meseta Purépecha en Michoacán y a otros 460 “focos amarillos” que la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) ha prometido solucionar antes de que concluya la presente administración.
Los reclamos para que se cancelen concesiones mineras a empresas canadienses, han llegado a México en los últimos 12 años para saquear el oro que se localiza en estados de San Luis Potosí, Guerrero, Baja California Sur y Zacatecas, precisamente donde habitan comunidades indígenas. Igual pasa con el desplazamiento de pueblos enteros por la construcción de presas que a final de cuentas generan energía eléctrica privatizada también por empresas extranjeras, como sucede en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
El campo sucumbe ante estas agresiones desmedidas del gobierno panista, responsable de autoriza las concesiones a extranjeros, pero expresó con seguridad que ya pronto se acabará esta administración que nunca tuvo planes ni estrategias para el agro nacional.
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