Más de 12 millones de mujeres que viven en el área rural del país son las más golpeadas, junto con sus hijos, por la carestía y la crisis económica - alimentaria, lo que repercute en una mayor discriminación hacia ellas.
La central seguirá en su lucha por todo el país para revindicar los derechos de las mujeres rurales, que en su mayoría se enfrentan a la pobreza y al desempleo.
En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo 8, reconozco el trabajo de la mujer rural en sus hogares y en las tareas productivas del agro, sobre todo por el hecho de que los insumos del campo se han elevado en más de un 50 por ciento en los últimos meses y que, al mismo tiempo, en algunos lugares del país el kilo de tortilla se venda ya hasta en 16 pesos, lo que refleja una carestía sin freno que se repite con la carne, derivados de la leche y en las oleaginosas.
Injusto es que más de 900 mil madres campesinas se vean obligadas a fungir como jefas de familia, debido principalmente a que los padres dejan a sus mujeres e hijos en la orfandad, ya que emigran en busca de oportunidades de trabajo a las ciudades o hacia Estados Unidos.
Esto agrava las condiciones económicas familiares y se refleja en el detrimento de la alimentación, salud, educación, vivienda, producción agrícola y relaciones laborales de las familias campesinas.
Basado en datos oficiales, el 37.7 por ciento de las mujeres con hasta 24 años padecen pobreza alimentaria en el medio rural; de 25 a 44 años, el porcentaje es de 34.8 por ciento; de 45 a 64 años es de 31.1 por ciento y de 65 en adelante 32.2 por ciento.
Reconozco la aportación de las campesinas en la economía familiar, su lealtad y compromiso con su grupo se refleja en el hecho de que en los últimos 20 años, la población económicamente activa femenina creció en 261 por ciento, mientras que la masculina se elevó en sólo 104 por ciento.
Sin embargo, su incorporación al mercado laboral no ha generado para ellas una mejoría en sus condiciones de vida, ya que sus ingresos son sólo para sobrevivir.
Por ejemplo, más de un millón de campesinas que se emplean en las maquiladoras sufren constantes violaciones a sus derechos humanos, además sólo una cuarta parte de las 300 mil unidades de producción rural, cuenta con superficies exclusivas para mujeres.
En este sentido es necesario revisar la política en materia de derechos agrarios, ya que menos de 600 mil mujeres poseen certificados o títulos de propiedad en un universo de 6 millones de hectáreas; es decir, menos de 10 por ciento del total.
Demando al Gobierno Federal, revisar y diseñar las políticas agropecuarias con perspectiva de género, debido a que ya no se puede admitir que una cuarta parte de la población femenina del país, enfrente dobles y triples jornadas laborales sin reconocerse ni retribuirse su esfuerzo.
Es hora de que la sociedad mexicana valore la aportación de las mujeres del sector rural al desarrollo económico del país y esto se refleje en una mejoría en sus ingresos.
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