El apoyo de 34 mil millones de pesos anunciado por la actual administración panista contra la sequía se ha quedado sólo en una promesa electorera más y lamento que el derecho constitucional a la alimentación no sólo está lejos de cumplirse sino que cada día la pobreza crece y la hambruna en México amenaza con proliferarse.
La sequía e inundaciones, consecuencia del cambio climático mundial, que han afectado a casi 30 estados de la República, incluidas algunas regiones del Altiplano del Distrito Federal, como Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, entre otras, no han tenido la respuesta esperada del Gobierno Federal, ante una tragedia nacional de dimensiones descomunales.
En consecuencia, la pobreza crece de forma alarmante, el desempleo se dispara, la desintegración familiar es permanente y el tejido social se descompone, por lo que el futuro del campo mexicano, en estas condiciones, se encuentra al borde de convertirse en zona de desastre y desolación.
De acuerdo con reportes de los estados poco, casi nada, en algunos casos ni un solo quinto, ha llegado al agro de lo que se prometió contra la sequía. Frente a esto, la CNC, sus líderes sociales y sus representantes de elección popular, lucharán hasta el tope en su exigencia de tener del Gobierno Federal respuestas puntuales a esta situación.
Me sumo a la recién propuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de que México cuente con la una ley sobre el derecho a la alimentación y a que es necesario establecer un salario mínimo que garantice a los trabajadores satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y las de sus familiares.
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