Frente a la dispersión de las políticas públicas del ámbito federal, repartidas en al menos seis secretarías del gobierno, en la Confederación Nacional Campesina planteamos la creación de un Consejo Técnico Agropecuario que permitiría tomar decisiones de manera estratégica y planeada para beneficio de los productores del campo, de la industria rural y de usuarios del financiamiento.
Hoy las decisiones que deberían tomarse en consenso, las toma cada secretaría de manera unilateral, sin considerar que trastoquen intereses económicos y de estrategia política y sin acordar a nivel de gobierno federal las ventajas o desventajas a la hora de programar las importaciones o exportaciones de productos del campo.
Actualmente la Secretaría de Economía, de manera errónea y sin ninguna planeación, trastoca los sistemas de producción, distribución y comercialización de cosechas, por lo que es necesario crear nuevas políticas públicas que respondan, de manera prioritaria, a las necesidades de los productores y consumidores.
En particular, en el tema de las importaciones de alimentos y de productos agroindustriales, sin una estrategia y sin la consulta elemental que determine cantidades, regiones más necesitadas y medidas puntuales para evitar el acaparamiento y el alza o baja de precios.
Las importaciones de cereales, por ejemplo, deben realizarse de forma planeada en función de las necesidades por regiones, a fin de que los granos que se adquieran en el exterior no compitan con las cosechas nacionales. Este esquema no ha sido considerado y se refleja en la baja súbita de precios regionales y nacionales en perjuicio de la economía de los productores mexicanos.
Otro ejemplo es que en este momento, los productores de algodón de La Laguna, tienen inventarios por 11 mil pacas de algodón del ciclo anterior, mientras que la Secretaría de Economía continúa extendiendo permisos a la industria textil para importar algodón de China y otros países, ante la pasividad del gobierno por apoyar a los productores mexicanos a vender en la industria nacional esta fibra, que es de la mejor calidad.
Así ha ocurrido también con el azúcar, en donde México es un país excedentario hasta en un millón de toneladas, y por otra parte, el gobierno da permisos a placer para que, o se importe fructosa para la industria refresquera, o se importe directamente azúcar refinado con un efecto desastroso para la industria azucarera nacional y, obviamente, de los productores cañeros.
La leche fluida es otro ejemplo de indefinición de estrategias para proteger a los productores nacionales, donde el gobierno y la industria mantienen precios castigados en perjuicio de los ganaderos del país, mientras que nuestra frontera está abierta para la importación de leche en polvo, subsidiada por los gobiernos que nos la venden. Son más de 220 mil toneladas de leche en polvo las que se compran al extranjero, en tanto que la producción lechera nacional está en quiebra.
Está claro que al gobierno federal actual, casi nada le importa o le interesa el sector primario de la economía nacional, por lo que tenemos claridad en nuestras definiciones de un cambio verdadero en las políticas públicas del
sector agropecuario de México, en la forma en que lo ha planteado el candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, para devolver su dinámica productiva, industrial y comercial al sector agropecuario del país.
El campo debe ser considerado un sector estratégico de seguridad alimentaria de la nación y tener la prioridad ante la amenaza de hambruna en determinadas comunidades indígenas del país, lo cual, por ahora, sigue siendo una vergüenza nacional que connacionales mueran por hambre o enfrenten problemas por desnutrición.
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